La Asamblea Internacional de Apoyo a Evo Morales emitió este lunes un contundente llamado a la comunidad internacional para denunciar lo que calificó como una «grave y sistemática violación de los derechos constitucionales y humanos» en Bolivia. El pronunciamiento se produce en un momento de creciente tensión política, tras la reciente detención de una jueza vinculada a decisiones favorables al exmandatario.
En su declaración oficial, la Asamblea denunció que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca ha emprendido lo que consideran un «camino desmedido» para eliminar políticamente a Morales. Según el comunicado, las autoridades estarían instrumentalizando la justicia de manera «inconstitucional», profundizando la crisis institucional del país.
La detención de la jueza Lilian Moreno, según el documento, habría ocurrido de manera irregular y violenta. La magistrada habría ratificado una sentencia que dejaba en evidencia —según el grupo internacional— abusos judiciales cometidos contra Morales y sus seguidores. Esta acción fue calificada como «un acto cobarde y dictatorial» por la Asamblea.
Un llamado a la acción internacional
La organización exhortó a los organismos internacionales de derechos humanos a intervenir en Bolivia para garantizar el respeto de las garantías constitucionales. Además, solicitó a los actores políticos y sociales de América Latina exigir al gobierno boliviano el fin de lo que describen como «la senda dictatorial de la guerra judicial contra Evo Morales».
«Es fundamental que se tomen medidas urgentes para detener la persecución política y judicial contra Evo Morales», señaló el comunicado. Asimismo, instaron a garantizar la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos bolivianos.
“Es hora de actuar”
La declaración cierra con un llamado urgente a «actuar» y a no permitir que la persecución política se convierta en norma en Bolivia. «Es hora de exigir que se respeten los derechos y garantías constitucionales de todos los bolivianos», concluyó el documento.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos en un país que, pese a sus avances democráticos, enfrenta nuevamente una etapa de alta inestabilidad política.
